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RECOMENDACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
El porcentaje medio de personas con discapacidad en la sociedad española ronda el
5 por ciento, incluyendo tanto a los que poseen limitaciones sensitivas como
motoras o psíquicas. Esta cifra es de un 3 por ciento, aproximadamente, entre las
personas del rango de edad que suelen tener los estudiantes universitarios.
Sin necesidad de hacer un escrutinio exhaustivo, el número actual de estudiantes
con discapacidad de la Universidad no va más allá de una treintena, mientras que la
misma cifra para los trabajadores (PDI o PAS) podría contarse con los dedos de las
manos. Esto quiere decir que, por el momento, la estructura social de estudiantes y
personal de la Universidad de Alcalá dista mucho de corresponderse con la del
entorno social circundante, por lo que la preocupación por un acercamiento de
ambas debería constituir un objetivo prioritario de actuación para los órganos de la
Universidad.
Por lo general se tiende a pensar que cumplir con las leyes en materia de
facilidades para personas con discapacidad (cupos especiales de estudiantes o PAS)
es suficiente, y verdaderamente lo puede ser desde un punto de vista de
cumplimiento estricto con la ley, pero las personas que padecen este tipo de
limitaciones deben tener incentivos especiales para acercarse a la institución
universitaria, más allá de la mera preferencia que supone contar con un cupo
reservado, que como normalmente no se cubre y suele pasar a la convocatoria
general, de forma que acaba ocupando la plaza alguien para la que, en principio, no
estaba pensada.
En la Universidad de Alcalá se dan condiciones especiales para poder llevar a cabo
una política eficiente de integración de estas personas, desde la existencia de
muchos edificios donde se han eliminado buena parte de las barreras hasta la
exención de matrícula para los estudiantes que acrediten minusvalía.
La recomendación que aquí se va a realizar tiene que ver con el desarrollo de una
estrategia activa para conseguir que la Universidad de Alcalá sea un ente que
cumpla su vocación de servicio público, estableciendo planes y programas de
integración de personas con discapacidad en todos los estamentos, lo que debería
plasmarse como mínimo en:
- 1) Que los órganos de gobierno aprobaran una Declaración de Objetivos para la integración efectiva de personas con discapacidad.
- 2) Que esta Declaración se desarrollase en objetivos de actuación a corto y largo plazo, así como en planes operativos que, con la colaboración de estudiantes, profesores y PAS, llevasen a actuaciones específicas en Facultades, Escuelas, Departamentos y Servicios, cuyo éxito se midiese no sólo por la buena voluntad desplegada sino por las consecuciones, en términos cuantitativos o, en todo caso, medibles de forma objetiva. De este conjunto de objetivos podrían derivarse actuaciones en forma de convenios con instituciones, actuaciones para grupos identificados (por ejemplo ciegos, sordos) para conseguir su inclusión en determinados estudios más apropiados para ellos; investigaciones en todas las ramas del saber que tuvieran como propósito mejorar las condiciones de estudio y trabajo, etc.
- 3) El establecimiento de un servicio u oficina especializados en solucionar los problemas de integración, lo que supone abordar desde adaptaciones arquitectónicas o curriculares hasta la gestión de los medios necesarios para permitir la integración (instalaciones, transporte, atención personal, etc.). Esta institución podría llevar también las relaciones con entidades públicas o privadas especializadas que ofrecen financiación o medios relacionados con la integración.
- 4) La difusión de la estrategia anterior entre los posibles beneficiarios, ya sea a través de información previa (folletos, actos, sitio web...), como de informes periódicos donde se pusiesen de manifiesto los logros conseguidos o la inclusión de los planes de actuación en las actividades formativas que se realicen para el estudiantado, el PAS y los profesores, puesto que un punto esencial de cualquier política dirigida a las personas con discapacidad es la formación en valores integradores de todas las personas que puedan sufrir algún atisbo de discriminación por sus circunstancias personales.
Con vista a la consecución de estos objetivos, una iniciativa a valorar muy
positivamente es la que se contiene en el Plan de “Integración y promoción de la
vida independiente”, elaborado por el Vicerrectorado de cámpus y Calidad
Ambiental de la Universidad de Alcalá, en la medida que se vaya transformando en
realidades palpables. No obstante, el éxito de cualquier plan de este tipo pasa por
situar en la conciencia de cada uno de los universitarios la necesidad inexcusable y
urgente de “abrir” la Universidad a las personas con discapacidad, y por tanto
poner en marcha todos los mecanismos que provoquen o favorezcan esta apertura.
Quizá el proceso podría iniciarse creando uno o varios grupos de trabajo
multidisciplinares, donde participen los diferentes sectores de la Universidad (PDI,
PAS y estudiantes), que ayuden a identificar las oportunidades y los problemas que
pueda traer esta estrategia. Tanto el Consejo Social como el Claustro pueden
ayudar con ideas, declaraciones, nombramiento de comisiones o recomendación de
políticas, pero es el Consejo de Gobierno el órgano que—a la postre—debe poner en
práctica la estrategia, dedicando el tiempo y los recursos necesarios para ello. Las
organizaciones sindicales y las representaciones estudiantiles deberían también
incluir medidas concretas de integración entre sus objetivos de cara a la
negociación con los órganos de gobierno universitarios.
En definitiva, se trata de promover una parte importante del compromiso de la
Universidad, como institución pública de enseñanza e investigación, con la
sociedad, planteándose objetivos de integración de personas con
discapacidad en todos los sectores que la componen, para lo que se
necesita una voluntad decidida de los órganos de gobierno, los órganos
representativos y de todos y cada uno de los componentes de la comunidad
universitaria.
En Alcalá de Henares, a 9 de junio de 2005.
EL DEFENSOR UNIVERSITARIO,
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